Pese a los importantes logros de los últimos años, las personas con discapacidad siguen siendo objeto de discriminación y tropiezan con otros obstáculos que impiden su plena participación en la vida social, económica, política y cultural. Se calcula en mil millones el número de personas con discapacidad, 750 millones de las cuales están en edad activa. Los miembros de este colectivo tienen más probabilidades de estar desempleados o de ganar menos que quienes no pertenecen a él, y de tener un empleo con escasas perspectivas de promoción y caracterizado por malas condiciones de trabajo, en especial si son mujeres. Son muchos los que se desempeñan en la economía informal, que carece de protección, y son pocos, los que tienen acceso al desarrollo de las calificaciones y a otros recursos que les permitirían ganarse la vida con dignidad. Se desaprovecha y no se reconoce el potencial de un altísimo número de mujeres y hombres con discapacidad, la mayoría, condenados a vivir en la pobreza, la dependencia y la exclusión social. Excluir a las personas discapacitadas del mundo del trabajo conlleva un costo para las sociedades por lo que respecta al potencial productivo de estas personas, al costo de las prestaciones y pensiones por discapacidad, a las consecuencias para la familia y para los prestadores de cuidados. La OIT estima que esta exclusión puede costar a los países entre el uno y el siete por ciento de su Producto Interior Bruto. Promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como su inclusión, es crucial para el desarrollo económico y social, para superar la crisis financiera y económica mundial, y para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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